La investigación preliminar por lavado de activos se origina ante la sospecha fiscal de actividades ilícitas, impulsada frecuentemente por la detección de un desbalance patrimonial u operaciones económicas que carecen de justificación técnica. Bajo el marco del Decreto Legislativo 1106, la legislación actual permite iniciar procesos de investigación y procesamiento sin la necesidad de demostrar inicialmente un delito precedente; basta con la presunción del origen ilícito de los fondos. No obstante, para alcanzar una condena, es imperativo establecer un vínculo directo entre el incremento patrimonial y la actividad criminal originaria, como podría ser el fraude fiscal. En este escenario, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desempeña un rol crítico en el análisis y transmisión de información estratégica, aunque el levantamiento del secreto bancario y tributario permanece como facultad exclusiva de las autoridades judiciales y legislativas.

Ante este complejo entorno normativo, donde las sanciones pueden alcanzar los 20 años de prisión y multas corporativas de hasta 500 UIT, nuestra firma ofrece una intervención pericial de alta precisión. Nos especializamos en el seguimiento y reconstrucción de operaciones bancarias, la fiscalización de adquisiciones de bienes inmuebles y el análisis de empresas satélite utilizadas para la estratificación de recursos. A través de la pericia técnica a estados e instrumentos financieros, proporcionamos un análisis riguroso de los mecanismos de blanqueo más recurrentes, como las transferencias internacionales y la inyección de capitales no justificados en el mercado formal. Nuestra labor asegura una defensa técnica sólida o una auditoría de cumplimiento capaz de identificar riesgos contingentes antes de que deriven en procesos de disolución, clausura o cancelación de licencias.